El PRI no es de izquierda, Morena no es de izquierda
“Lo normal es estar simultáneamente a la izquierda y a la derecha: a la izquierda de unos y a la derecha de otros”. Gabriel Zaid.
Se da por sentado que en México gobierna la izquierda. Pero rara vez se ha abierto el debate acerca de si un gobierno puede seguir siendo de izquierda cuando utiliza políticas sociales tradicionalmente asociadas con la izquierda, pero destruye o debilita los mecanismos institucionales que limitan al poder
Durante décadas, la izquierda democrática ha defendido la redistribución de la riqueza, la ampliación de derechos y la protección de los sectores más vulnerables. Pero también ha sostenido, con la misma convicción, que el poder debe tener límites, que las instituciones deben poder oponerse al gobernante y que la prensa, los jueces, los organismos autónomos y las organizaciones de la sociedad civil no son obstáculos para la transformación, sino garantías frente a la arbitrariedad.
Todo esto suena a teoría. Pero en México, esa tensión ha dejado de ser teórica. Morena llegó al poder con un discurso de justicia social y con la promesa de transformar un sistema político profundamente desigual. Siete años después, el movimiento que gobierna el país ha ampliado los programas sociales y preservado una enorme legitimidad electoral, pero al mismo tiempo ha impulsado la concentración de facultades en el Ejecutivo, el debilitamiento de contrapesos, la expansión de las funciones militares y una relación cada vez más hostil con sectores de la prensa y de la sociedad civil.
Una cosa no quita la otra. Que millones de mexicanos hayan respaldado electoralmente a Morena y que sus gobiernos hayan ampliado los programas sociales no es, por sí mismo, un obstáculo para construir un poder autoritario.¿Y qué si lo que llamamos “izquierda” en México no es más que un autoritarismo con complejo de víctima, que usa el lenguaje de los pobres para defender los privilegios del poder?
Morena ha ganado elecciones en los últimos años con una contundencia que sería absurdo ignorar. Es ocioso discutir si las políticas sociales de Morena pueden ser llamadas de izquierda. Muchas de ellas lo son. El problema está en la etiqueta. Tal vez hemos confundido durante demasiado tiempo el discurso con el proyecto y las políticas sociales con una determinada concepción, pero no hemos debatido lo suficiente qué clase de régimen puede construirse cuando un movimiento que llegó al gobierno en nombre de la justicia social empieza a considerar los límites al poder como estorbos y debilita las instituciones capaces de controlar a quien decide cómo y a quién se distribuyen los recursos.
La izquierda democrática contemporánea ha buscado guiarse por dos pilares: la redistribución y los contrapesos. Sin el segundo, el primero se convierte en caridad de Estado, en dádiva condicionada a la lealtad política. El actual gobierno mexicano ha construido su identidad sobre la redistribución de recursos en forma de becas, pensiones, salarios, pero ha dinamitado el andamiaje institucional que garantiza que esos recursos no se conviertan en moneda de cambio.
Hay un catálogo de hechos verificables. El Poder Judicial ha sido sometido a una reforma que pone en cuestión su independencia frente al Ejecutivo. Los órganos autónomos han visto recortados sus presupuestos y su autoridad. El Instituto Nacional Electoral fue blanco de una campaña de desprestigio y de posteriores iniciativas encaminadas a modificar profundamente sus atribuciones y estructura para “democratizarlo”.
¿Cómo se hizo esto? Primero, mediante el control del Ejecutivo y de un amplia mayoría legislativa; después, mediante reformas que han alterado las condiciones en las que esos contrapesos operaban. El gobierno de Morena ha contado con el control político para impulsar reformas que afectan directamente el sistema de contrapesos, entre ellas leyes diseñadas para blindar al Ejecutivo de cualquier cuestionamiento constitucional.
Tomemos la reforma judicial. Impulsada por López Obrador y consumada por Claudia Sheinbaum sustituyó el sistema de carrera por la elección popular de ministros, magistrados y jueces. En 2025, los mexicanos acudieron por primera vez a las urnas para elegirlos. El gobierno presentó el proceso como una democratización histórica del Poder Judicial, pero omitió admitir ante la opinión pública nacional e internacional que la integración de los comités encargados de evaluar y proponer candidaturas quedó en manos de los tres poderes de la Unión, dos de ellos bajo control de la mayoría oficialista.
“Hay quien piensa que el pueblo es tonto y que no tiene la capacidad de elegir a sus jueces… Nosotros pensamos todo lo contrario”, dijo la presidenta Sheinbaum. La ciudadanía pudo votar, sí, pero no construyó la oferta; el pueblo escogió, pero el poder político ya había diseñado el menú. La elección, así, no garantiza la independencia de un juez si el poder político ha tenido una influencia determinante sobre quién puede aparecer en la boleta. La democracia participativa, en ese esquema, termina legitimando la subordinación de uno de los principales contrapesos del Ejecutivo.
Hay otro frente, quizá el más inquietante por su silencio: la militarización de la vida civil. Durante los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, las Fuerzas Armadas han ampliado de manera significativa su participación en tareas como la construcción y administración de infraestructura, funciones relacionadas con aduanas y aeropuertos y la distribución de bienes y servicios públicos.
Entregarle el control de tareas civiles no es izquierda; es un giro autoritario que incluso la llamada derecha neoliberal no se atrevió a realizar en toda su magnitud. Y hay un problema aquí que casi nadie menciona: la expansión permanente de funciones civiles en manos militares, más allá de su función estrictamente castrense y bajo un régimen de disciplina y justicia propio, plantea un problema democrático de rendición de cuentas. Sheinbaum no ha retrocedido en esa militarización; al contrario, la ha consolidado.
Y luego está el periodismo, el ataque sistemático a la prensa crítica. Desde Presidencia se ha acusado a periodistas y medios de “traición a la patria” o de servir a intereses perversos con sus investigaciones. Se ha usado la tribuna matutina para exhibir información confidencial de comunicadores que resultan incómodos, abriendo debates sobre la posible violación de la ley en materia de protección de datos personales.
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Habría que hacer memoria de un caso particularmente grave, en febrero de 2024, cuando López Obrador difundió del número telefónico de una periodista de The New York Times. Aquél no fue un exabrupto. Fue un mensaje. El hecho provocó una reacción pública de organizaciones dedicadas a combatir la corrupción y defender la libertad de expresión, que cuestionaron la exposición de datos personales de periodistas y el señalamiento público desde la Presidencia, Es difícil llamar a eso izquierda. Es más bien una práctica de Estado policial con morning show.
Con Sheinbaum, el formato de la “mañanera” se ha mantenido intacto. Las conferencias siguen sin ser un ejercicio de comunicación, sino un espacio de propaganda, a decir de Luis Antonio Espino. El desprecio a la oposición, a la crítica y a la prensa libre, “la incapacidad para dialogar con sectores enteros de la sociedad, el rechazo a la rendición de cuentas y la cerrazón en los mantras de fe del obradorismo siguen siendo la marca de la casa”. Lo que cambió es el estilo: las conferencias de López Obrador eran “sermones de un pastor televisivo lleno de resentimiento”; las de Sheinbaum son, en cambio, “una aburrida junta de trabajo de la misma congregación”, donde la presidenta opera “como una gerenta general de un proyecto del que es la heredera”.
La diferencia de estilo no es menor. Pero hay una continuidad que me parece más importante y es el uso de la conferencia presidencial como instrumento para establecer quién merece credibilidad y quién debe ser señalado como adversario.
Tampoco ha cambiado la actitud hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos. Muchas de ellas fueron reconocidas por su trabajo de denuncia cuando criticaban a gobiernos anteriores. Pero en cuanto señalaron posibles violaciones a derechos humanos cometidas por el actual gobierno, pasaron a ser “conservadoras” o “defensoras de los privilegios”. La coherencia ideológica brilla por su ausencia, ya que el principio no es la defensa de los derechos, sino la lealtad al poder en turno.
Llegados a este punto, quiero detenerme en una paradoja. El relato fundacional de Morena se construyó sobre la ruptura con el viejo régimen priista: la lucha contra el autoritarismo, el fraude electoral, la corrupción y la llamada “mafia del poder”. Sin embargo, una vez conquistada la Presidencia, el movimiento comenzó a incorporar con sorprendente naturalidad a numerosos personajes provenientes precisamente de aquellos partidos que durante décadas presentó como la negación de su proyecto.
Todos los grandes movimientos políticos absorben cuadros de otras fuerzas cuando crecen. Lo significativo aqupi es la amplitud de la incorporación y, sobre todo, el pasado de algunos de los personajes que encontraron acomodo en el nuevo movimiento. El caso de Manuel Bartlett es quizá el más simbólico. Más allá de la discusión sobre responsabilidades individuales, su nombre quedó ligado para una generación entera a la elección presidencial de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas denunció un fraude que se convirtió en uno de los mitos fundacionales de la izquierda mexicana.
Que uno de los personajes centrales de aquel episodio terminara convertido en un funcionario estratégico del gobierno de López Obrador resulta, cuando menos, difícil de conciliar con el relato de ruptura. Morena, pues, no es el partido que vino a barrer a los viejos partidos; es el cementerio donde han ido a enterrar sus siglas para resucitar con otro nombre.
La propia Claudia Sheinbaum, en una gira para sumar apoyos rumbo a la Presidencia, sumó a más de 150 expriistas, expanistas y experredistas en apenas 55 días. Los guindas torcieron rápido a ser un partido atrapalotodo.
La periodista Elisa Alanís ha descrito este proceso como una “purificación de los opositores al atravesar el manto cuatroteísta”. Salvador Camarena lo ha resumido con una ironía más religiosa: el reino de los cielos parece ser de los arrepentidos, pero aquí ni siquiera hace falta penitencia para entrar. La conversión política no exige explicar el pasado; basta con ponerse del lado correcto del poder. Así, luego de siete años, al frente del país, la cuatroté no parece interesada en purificar la política de sus antiguos vicios, sino en abrazarlos y cobijarlos si le son útiles.
No es que esto haya tomado por sorpresa a quienes llevan décadas observando la política mexicana. Algunos de los rasgos que hoy atribuimos al movimiento de López Obrador fueron advertidos mucho antes de que llegara a la Presidencia. Ese movimiento, hoy encabezado por Claudia Sheinbaum, sigue mostrando varios de ellos.
Pensemos en Carlos Monsiváis. Fue durante años cercano a Andrés Manuel López Obrador. Lo frecuentaba, creía en él. Pero en la crisis postelectoral de 2006, cuando se negó a reconocer la derrota y montó un plantón en Reforma que paralizó la ciudad, Monsiváis ya planteaba preguntas incómodas: ¿Cómo se puede presionar a los poderosos con algo que en primera y última instancia perjudica a las clases populares? ¿De qué modo se avanza en la justicia electoral si en el camino se ofende sin razón a una sociedad? No era todavía el diagnóstico de un régimen autoritario, pero sí una advertencia sobre el riesgo de subordinar la causa al liderazgo.
Juan Villoro fue más lejos y más pronto. En 2012, antes de que López Obrador llegara a la Presidencia, lo definió como “un caudillo anticuado que no conoce la autocrítica”. Una década después, Villoro describió al gobierno lopezobradorista como “populista con una bandera presuntamente de izquierda”. Y no es que Villoro se haya vuelto conservador; es que ha visto con claridad que la bandera no es el territorio y el lenguaje ideológico puede permanecer intacto mientras el ejercicio del poder se mueve en otra dirección.
Jesús Silva-Herzog Márquez ha llevado más lejos ese diagnóstico. En su libro La casa de la contradicción, definió al expresidente como “un cirujano con machete que desprecia instrumentos de la acción política”. Y va más lejos: lo que hace López Obrador en el gobierno “no es erosión, es demolición. Dinamita”. Para Silva-Herzog, el proyecto no es ni de izquierda ni de derecha; es de “restauración autoritaria, militarista y mocha”.
El tránsito a Sheinbaum no ha sido un simple relevo, pero tampoco una ruptura. La presidenta ha introducido cambios de estilo y de método, pero ha conservado varias de las transformaciones institucionales centrales de su antecesor. Silva-Herzog ha llamado a esta nueva etapa un “autoritarismo de cabeza fría”, “técnico y calculado”. La diferencia estaría menos en la dirección de las transformaciones que en la forma de ejercer el poder.
Tres observadores, en momentos distintos, terminan señalando hacia el mismo problema: el caudillismo, la subordinación de las instituciones y la concentración del poder.
La izquierda democrática cree en los contrapesos porque sabe que el poder corrompe. Cree en la prensa independiente porque sabe que sin ella no hay verdad posible. Cree en jueces autónomos porque sabe que sin ellos los derechos son papel mojado. Cree, en fin, en la rendición de cuentas porque sabe que el gobernante no es un mesías, sino un funcionario. ~
