CARDAMA — EL EXPEDIENTE SIGUE ABIERTO
ACTUALIZACIÓN 04 — Los informes que faltaban, la vara técnica de la Armada y las garantías de la próxima compra
Fundación OMIA Resonancia
Corte documental: viernes 13 de noviembre de 2026, 07:38, hora de Uruguay.
Una semana después: qué cambió realmente
La Actualización 03 registró nuevas declaraciones ante Fiscalía y la incorporación del informe parlamentario de mayoría al expediente.
Esta cuarta entrega documenta dos movimientos diferentes: la decisión de enviar también los informes parlamentarios de la oposición y el avance de las negociaciones para sustituir las patrulleras contratadas a Cardama.
Pero aparece una cuestión más profunda.
Antes de preguntar quién venderá los nuevos buques, debemos preguntar qué necesita la Armada, qué controles tendrá el nuevo contrato y qué ocurrirá con el dinero y los bienes comprometidos en el anterior.
La investigación conserva tres líneas: contratación original, responsabilidades y consecuencias económicas, y nueva adquisición.
CARDAMA-01 — Los informes que faltaban
El 10 de noviembre, Carolina Cosse aprobó una resolución que dispuso remitir a Fiscalía los informes parlamentarios de la oposición sobre el caso Cardama.
Hasta entonces se habían remitido las actuaciones de la comisión investigadora y el informe de mayoría aprobado por el Frente Amplio.
Los documentos cuya remisión ahora se ordena corresponden a las conclusiones presentadas por la coalición republicana, Cabildo Abierto e Identidad Soberana.
La diferencia es sustancial.
El 22 de julio, el fiscal había solicitado el testimonio íntegro de las actuaciones parlamentarias. Posteriormente surgieron interpretaciones diferentes sobre qué documentación comprendía esa solicitud.
La oposición reclamó el envío de los informes restantes y Cosse dispuso completarlo.
Cambio de estado: informes de minoría no incluidos inicialmente → envío ordenado el 10 de noviembre.
No encontramos todavía el oficio de ejecución ni la constancia de recepción por Fiscalía.
Por eso no afirmamos que los documentos hayan ingresado efectivamente al expediente.
La reacción política
Según informó Búsqueda el 12 de noviembre, la decisión provocó diferencias entre legisladores del Frente Amplio y sorprendió a algunos jerarcas del Poder Ejecutivo.
El medio describió intercambios de mensajes y cuestionamientos a la decisión de enviar documentos que no habían obtenido aprobación parlamentaria.
Este episodio merece quedar registrado por una circunstancia institucional: el Poder Ejecutivo es también el denunciante en la investigación vinculada con Cardama.
Sin embargo, la reacción política ante la remisión de informes no demuestra que existiera una instrucción al fiscal ni una interferencia en sus decisiones.
La pregunta de control es otra:
¿Por qué hubo diferencias sobre la documentación que debía recibir Fiscalía cuando el pedido original se refería al testimonio íntegro de las actuaciones?
La incorporación de distintas conclusiones parlamentarias no sustituye la investigación judicial.
La Fiscalía deberá examinar los elementos relevantes con independencia de las interpretaciones políticas que los acompañan.
CARDAMA-02 — El dinero, las garantías y el casco que permanece en Vigo
Durante esta ventana no identificamos una nueva resolución judicial, recuperación efectiva de fondos ni actuación fiscal adicional suficientemente documentada que cambie el estado registrado el 6 de noviembre.
Se conservan, sin reabrir la auditoría financiera anterior, los 28.794.500 euros desembolsados por Uruguay.
Pero el patrimonio comprometido no se limita al dinero transferido.
Hay un activo que también debe seguirse
En su contestación al arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, Uruguay solicitó que se reconociera su derecho de propiedad sobre los buques construidos hasta la rescisión contractual.
El reclamo se vincula con la cláusula 21 del contrato de Cardama.
Esto introduce una dimensión diferente de la controversia.
Una cosa es reclamar la devolución del dinero. Otra es establecer quién tiene jurídicamente la propiedad y la disponibilidad efectiva de lo construido.
El casco y los materiales existentes en Vigo representan una cuestión patrimonial pendiente.
No identificamos información suficiente sobre su inventario actualizado, custodia, estado de conservación, disponibilidad física, valor recuperable o eventual transferencia efectiva al Estado uruguayo.
Tampoco consta que su posible valor haya sido incorporado a una propuesta de adquisición de nuevas patrulleras.
Estas preguntas deben mantenerse abiertas sin presumir que el casco ya está en poder de Uruguay.
También habrá que determinar cómo se relacionan los distintos remedios reclamados para evitar confundir devolución de pagos, indemnización y recuperación material de bienes.
Las garantías siguen siendo el núcleo del problema
La contratación de Cardama quedó marcada por controversias sobre la autenticidad, suficiencia y eficacia de las garantías exigidas al proveedor.
Por eso, el seguimiento de una nueva adquisición no puede concentrarse únicamente en precio, cantidad de embarcaciones y fecha de entrega.
Hasta este corte, las informaciones públicas recuperadas sobre la negociación con Naval Group no detallan qué garantías de cumplimiento, mecanismos de respaldo financiero o procedimientos de autenticación se exigirían en el nuevo contrato.
Esta es una ausencia en la información disponible.
No equivale a demostrar que el gobierno carezca de una propuesta de garantías.
La pregunta pendiente es:
¿Qué garantías concretas impedirán repetir las fallas que llevaron al conflicto con Cardama, quién comprobará su autenticidad y en qué momento se efectuará ese control?
La siguiente contratación deberá poder ser examinada también desde esa dimensión.
CARDAMA-03 — La nueva adquisición frente a las necesidades declaradas por la Armada
Primero, la vara técnica
La información publicada por El Observador el 13 de noviembre introduce un antecedente que modifica el enfoque del seguimiento.
Según el medio, la Dirección Estratégica de la Armada Nacional 2020–2025, que continúa vigente por no haber sido sustituida, establece como necesarios:
- Tres buques para patrullaje oceánico, con capacidad de operar un helicóptero embarcado y una capacidad militar mínima definida.
- Tres unidades adicionales para vigilancia de la Zona Económica Exclusiva, de entre 500 y 700 toneladas, cuya capacidad principal debe ser la velocidad.
La información procede de una referencia periodística al documento institucional. Su texto original íntegro todavía debe recuperarse para efectuar un cotejo directo.
Aun con esa reserva, aparece una pregunta nueva:
Si la Armada declaró necesitar tres unidades oceánicas y otras tres para la ZEE, ¿cómo se justifica técnicamente el número y el tipo de buques que ahora se propone adquirir?
Las fuentes gubernamentales citadas por El Observador consideran que dos OPV constituyen el mínimo necesario para sostener determinadas operaciones: una desplegada y otra disponible.
Pero un mínimo operativo y el requerimiento estratégico total no son necesariamente lo mismo.
Comprar dos unidades no constituye automáticamente una infracción. Puede formar parte de una adquisición por etapas.
Lo que debe comprobarse es si existe una planificación documentada que explique cómo se pretende cubrir el conjunto de necesidades declaradas.
La propuesta francesa
El presidente Yamandú Orsi declaró el 11 de noviembre que el gobierno todavía no había resuelto qué oferta elegir, aunque había una bastante avanzada.
El Observador, en una nota publicada el 13 de noviembre a las 05:00, atribuye a fuentes del Poder Ejecutivo que esa alternativa avanzada corresponde a Naval Group.
Las mismas fuentes señalan una intención de adquirir dos OPV, con un costo estimado de no menos de US$80 millones por unidad y financiamiento a largo plazo.
Ese importe es una estimación comunicada por fuentes gubernamentales, no una cotización contractual oficial verificada de Naval Group.
No disponemos de las especificaciones, condiciones financieras, garantías y costos completos que permitan comparar esa cifra con el contrato original de Cardama.
Tampoco hay adjudicación acreditada.
De compra directa a compra Estado a Estado
La información de fines de octubre hacía referencia a una eventual compra directa sin licitación abierta.
La nueva información incorpora otro encuadre: una operación de Estado a Estado, utilizando el acuerdo de cooperación en defensa entre Uruguay y Francia.
Ese acuerdo existe.
Fue firmado el 28 de octubre de 2015 y aprobado mediante la Ley N.º 19.449 del 17 de noviembre de 2016.
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Su contenido contempla cooperación para adquirir bienes y servicios de defensa, pero establece el respeto de las leyes y reglamentos de ambas partes.
Por tanto, el acuerdo bilateral no demuestra, por sí solo, que una contratación determinada quede exceptuada de los procedimientos y controles exigidos por la legislación uruguaya.
Una compra directa y una operación Estado a Estado pueden relacionarse jurídicamente, pero no son expresiones automáticamente equivalentes.
La investigación deberá identificar qué instrumento se utilizará realmente, cuál será la causal jurídica aplicable y cómo se fundamentará.
También corresponde establecer la intervención del Tribunal de Cuentas, las autorizaciones presupuestales necesarias y, cuando corresponda jurídicamente, la participación parlamentaria.
Financiar hoy y pagar durante otros gobiernos
El financiamiento a largo plazo introduce otra dimensión.
Según la información periodística, las embarcaciones no estarían terminadas durante el actual período de gobierno.
Por lo tanto, la decisión que se adopte ahora podría generar obligaciones de pago, entrega y control durante administraciones futuras.
No conocemos todavía los plazos, intereses, cronograma de desembolsos ni garantías financieras.
El costo de una contratación no es solamente el precio anunciado de los buques, sino el conjunto de obligaciones que el Estado asume para obtenerlos y mantenerlos operativos.
Esta dimensión también debe documentarse antes de considerar cerrada la comparación económica.
Las patrulleras británicas River
El gobierno continúa evaluando la incorporación de patrulleras británicas de la clase River.
La información difundida esta semana permite conocer que se solicitaron estudios técnicos sobre su utilización.
Un primer informe examinó la posibilidad de destinarlas al patrullaje en océano abierto, más allá de las 200 millas.
Descartada esa utilización, Defensa solicitó otro informe para estudiar su empleo en la Zona Económica Exclusiva.
Aquí vuelve a adquirir relevancia la Dirección Estratégica de la Armada.
Si las unidades previstas para la ZEE deben tener entre 500 y 700 toneladas y priorizar la velocidad, corresponde explicar cómo encajarían las River, de dimensiones superiores, en esa función.
La utilización de una embarcación distinta de la originalmente requerida puede responder a razones técnicas y económicas legítimas.
Pero esas razones deben quedar documentadas.
El Observador también informa diferencias internas en la Armada respecto de la incorporación de los River. No disponemos de los dos informes técnicos íntegros ni de posiciones institucionales completas para identificar sus fundamentos.
Una dimensión diplomática todavía hipotética
El mismo medio señala que dentro del Ejecutivo se contempla la posibilidad de consultas de Argentina si Uruguay incorpora patrulleras británicas, considerando las sensibilidades existentes entre Argentina y el Reino Unido.
Las fuentes citadas aclaran que Argentina no había presentado ningún planteo al respecto.
No registramos, por tanto, una controversia diplomática efectiva.
Se conserva únicamente como un riesgo eventual mencionado por fuentes gubernamentales, sin atribuirle consecuencias que no se produjeron.
El viaje que finalmente no ocurrió
La participación de Sandra Lazo y José Luis Elizondo en Euronaval había sido anunciada previamente.
La información posterior indica que ambos cancelaron su asistencia.
La ministra invocó motivos personales. El Observador también recoge explicaciones políticas atribuidas a fuentes no identificadas.
Esas versiones no deben confundirse con el motivo formal comunicado.
Corrección agregativa respecto de la Actualización 03: el viaje anunciado a Euronaval no se concretó.
Se conserva la secuencia completa: anuncio, preparación y posterior cancelación.
Una fecha de control: 15 de noviembre
El gobierno había planteado la intención de presentar avances antes del Día de la Armada, celebrado el 15 de noviembre.
Al corte de esta actualización, 13 de noviembre a las 07:38, no identificamos un anuncio de adjudicación ni un contrato nuevo.
La referencia del 15 de noviembre queda fijada para la Actualización 05.
Permitirá comprobar si se produjo el anuncio previsto, qué contenido tuvo y si estuvo acompañado por documentación verificable.
No debe confundirse un anuncio político con una contratación administrativa concluida.
Balance de la semana
CARDAMA-01 — Parlamento y Fiscalía
La novedad es la resolución que ordena remitir los informes parlamentarios de la oposición. La ejecución y recepción efectiva siguen pendientes de documentación.
CARDAMA-02 — Responsabilidades y patrimonio
No apareció un nuevo resultado judicial o económico verificable. Continúa la reclamación de los 28.794.500 euros y se preserva expresamente el seguimiento del casco y los materiales cuya propiedad reclama Uruguay.
CARDAMA-03 — Nueva adquisición
La información apunta a una negociación avanzada con Naval Group, sin decisión oficial acreditada. Surgen estimaciones económicas, propuestas de financiamiento, dudas sobre la modalidad jurídica y nuevas referencias a las exigencias técnicas de la Armada.
La alternativa británica también presenta cuestiones técnicas pendientes.
Las informaciones sobre negociaciones, precios estimados, informes de los River y posibles implicaciones diplomáticas dependen principalmente de una nota de El Observador. No se presentan como hechos corroborados por múltiples fuentes independientes.
NÉCTAR — Lo que no podemos perder de vista
El expediente Cardama sigue abierto en tres dimensiones diferentes.
La primera consiste en saber cómo se decidió y controló el contrato original.
La segunda, en establecer qué ocurrió con el dinero pagado y con los bienes cuya propiedad reclama Uruguay.
La tercera, en comprobar que la próxima compra responda a las necesidades reales de la Armada y cuente con controles suficientes.
Ahora aparece un instrumento especialmente útil: las necesidades técnicas que la propia Armada dejó establecidas en su planificación.
No alcanza con anunciar el nombre del próximo proveedor.
También habrá que explicar por qué se elige determinado número de buques, por qué esos modelos, cuánto costarán realmente, cómo se financiarán y qué garantías se exigirán.
DERIVADA NEGRA
Si el Estado todavía no terminó de esclarecer cómo fallaron los controles de Cardama, cambiar de proveedor no garantiza que el problema desaparezca.
La próxima contratación debe justificarse frente a las necesidades declaradas por la Armada, sus propias normas de contratación y las garantías de ejecución.
El país no solamente necesita patrulleras.
Necesita que el dinero público vuelva a estar acompañado por controles verificables antes de salir.
DATO, NO RELATO — FOR-DNR.
Fuentes documentales y periodísticas
- Búsqueda, 10 de noviembre de 2026. «Parlamento enviará a Fiscalía informes de la oposición sobre Cardama».
https://www.busqueda.com.uy/politica/parlamento-enviara-fiscalia-informes-la-oposicion-cardama-reclamo-la-coalicion-n5419287 - Búsqueda, 12 de noviembre de 2026. «Envío a Fiscalía de informes parlamentarios de la oposición sobre Cardama causó malestar en parte de la bancada oficialista».
https://www.busqueda.com.uy/politica/envio-fiscalia-informes-parlamentarios-la-oposicion-cardama-causo-malestar-parte-la-bancada-oficialista-n5419348 - El Observador, 13 de noviembre de 2026. «Gobierno afina negociaciones con Naval Group para comprar nuevas OPV bajo acuerdo de defensa con Francia y con financiamiento».
https://www.elobservador.com.uy/nacional/gobierno-afina-negociaciones-naval-group-comprar-nuevas-opv-acuerdo-defensa-francia-y-financiamiento-n6063675 - IMPO. Ley N.º 19.449 y texto del Acuerdo de cooperación en materia de defensa entre Uruguay y Francia.
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/19449-2016 - Agencia Reguladora de Compras Estatales. Manual de procedimientos de compra por excepción, artículo 33 del TOCAF y controles correspondientes.
https://test.comprasestatales.gub.uy/ManualesDeUsuarios/manual-procedimiento-compras/Compraporexcepcion.html - Montevideo Portal. «Uruguay pidió rechazar arbitraje de Cardama y reclamó devolución de 28 millones de euros». Documento periodístico sobre los escritos arbitrales y el reclamo de propiedad.
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Uruguay-pidio-rechazar-arbitraje-de-Cardama-y-reclamo-devolucion-de-28-millones-de-euros-uc973819 - Fundación OMIA Resonancia. CARDAMA — EL EXPEDIENTE SIGUE ABIERTO, Actualizaciones 02 y 03.
Flavio A. Canclini Duarte
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