¿Petro no? Cepeda sí.
Cepeda es mucho menos soberbio, menos terco y más conciliador. Su discurso es mesurado y mucho menos polémico, lo que permite un mayor margen de maniobra en términos de gobernabilidad. Ello no significa, por supuesto, que sea pusilánime.
Hace ocho años voté por Gustavo Petro, por convicción, frente a la alternativa de lo que terminó siendo el des-gobierno de un títere. Hace cuatro años hice lo mismo, menos convencido pero convencido, frente a la promesa fatal de un Rodolfo Hernández en la presidencia. Es banal y al mismo tiempo necesario decir que no habrá presidente perfecto. No sobra tampoco recordar que ningún voto es un cheque en blanco y que, antes bien, el voto implica un necesario compromiso para ambas partes: cumplir, para el elegido; vigilar y exigir, para el elector. En ese sentido, habiendo votado por Gustavo Petro, es necesario empezar por reconocer no solo la imperfección, sino los errores, los desatinos y los desastres.
Hace un año escribí que la mayor desilusión del gobierno Petro no era que gobernase mal, sino que estuviese gobernando igual de mal que sus antecesores: nombramientos impresentables en embajadas, consulados y ministerios, con personas que no hicieron más que daño a la idea de un gobierno progresista, que lo hicieron permanecer en la mismidad. Benedetti, Sarabia, Guerrero, et al. son máculas imborrables en una promesa de competencia y de transparencia que apenas pudo cumplirse a medias (en el mejor de los casos). Estos nombramientos, además, dan cuenta de un enorme problema del gobierno Petro: su terquedad en la soberbia. Si bien es encomiable defender una postura, es igualmente encomiable reconocer que hay acciones (y personas) sencillamente indefendibles. Indefendible fue, a título de ejemplo, que el gobierno bombardeara conscientemente a menores de edad, independiente de las discusiones que puedan surgir en torno a su legitimidad en términos del derecho internacional. Más aún, es claro que ha habido un recrudecimiento del conflicto y que la seguridad en efecto es un derecho (lo es también la ausencia de guerra, e idealmente, la paz).
Dicho eso, no puede ignorarse que hubo también un enorme problema de gobernabilidad. No es para nadie un secreto el empecinado rechazo de un enorme sector del congreso hacia cualquier reforma que proviniese del presidente, sin importar cuán meritoria o necesaria fuese. En igual medida, la narrativa que busca crucificar al presidente por el estado actual de la salud es cuanto menos miope, no solo porque ninguna reforma al sistema se pudo materializar, sino también porque llevamos tres décadas con personas sin medicamentos, sin cobertura, sin atención básica. El problema definitivamente no es nuevo, mientras que la falta de memoria es sin duda un problema que nos es endémico.
Naturalmente, hay indicadores muy positivos, pero lo que me interesa aquí no es loar al gobierno saliente, sino mostrar por qué es necesario apostar por la presidencia de Iván Cepeda, incluso por parte de quienes ven en Petro la tragedia o la desilusión.
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Para empezar, lo evidente: Colombia no se transformó en Cuba, ni en Venezuela, ni en la Unión Soviética. Las exageraciones mediáticas y las catastrofizaciones no se cumplieron. Y si ello se logró gracias a los jueces y a la oposición, ¡enhorabuena que pueda haber jueces y que pueda haber oposición! En buena parte de la historia, la oposición al gobierno en Colombia ha sido una sentencia de muerte: la historia familiar del propio Cepeda lo atestigua.
Por otro lado, a diferencia de Petro y de su característica terquedad, que no cede ni siquiera ante razones, Cepeda es mucho menos soberbio, menos terco y más conciliador. Su discurso es mesurado y mucho menos polémico, lo que permite un mayor margen de maniobra en términos de gobernabilidad. Ello no significa, por supuesto, que sea pusilánime. Su compromiso con la verdad y la justicia es innegable, como lo es también su rechazo a una política de la guerra que, como él mismo lo ha dicho, ha fracasado una y otra vez, por lo que su prioridad es la construcción de una paz estructural que no caiga en los errores metodológicos de la política actual.
Su prioridad, más que tener la razón, es construir políticas coherentes con las necesidades del país, trazando los puentes que haya que trazar sin ceder al terreno del todo vale. En ese sentido, su lucha a favor de los derechos humanos, de la memoria histórica y de la justicia transicional se asienta en la historia, en las necesidades materiales y en la Constitución — cuyo texto ha prometido no modificar y cuyas modificaciones no son tan simples como un capricho presidencial.
Ahora bien, es imposible no hablar de los adversarios.
Paloma Valencia, amparada por el halo de un patriarca en su crepúsculo, ha buscado ocultar las estructuras que sostienen su pensamiento con una supuesta cercanía a un supuesto centro. No obstante, el andamiaje es claramente visible y las fisuras se ven incluso en su incómoda fórmula vicepresidencial. Doce años en el senado por el Centro Democrático son doce años de oposición sistemática a la JEP, a los acuerdos de paz y a cualquier salida negociada al conflicto. Su programa no es una promesa de cambio ni un abandono de la pretendida tragedia del gobierno Petro, sino el intento por apelar a una nostalgia que se nutre de sangre. En cualquier caso, votar por Valencia no es votar contra Petro, sino votar contra la arquitectura institucional de la paz, contra las instituciones que justamente han permitido conocer las cifras funestas del conflicto: 18.677 víctimas de reclutamiento forzado por parte de las FARC y 7.837 ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado. Es gracias a que la JEP existe, a la evidencia enorme que ha recaudado y a la aceptación voluntaria de los propios actores que la verdad sobre las vidas y las muertes encerradas en esos números ha salido a la luz. Cepeda, huelga decirlo, no solo no es autor ni partícipe de la primera cifra, sino que ha luchado vivamente para que ninguna víctima sea borrada ni dejada de contar.
Abelardo de la Espriella, por su parte, es transparente en su afán mesiánico, megalómano, totalitario. Sus referentes no solo están en la orilla ideológica opuesta de lo que Cepeda representa en términos políticos o económicos, sino en la orilla opuesta a los estándares mínimos de una democracia constitucional que tenga en su centro el concepto de dignidad humana. Su candidatura es cuestionable no solo por sus modelos a seguir (Milei, Bukele, Trump), sino por lo que efectivamente encarna: su declarada falta de ética (amparada en una lectura superficial de una teoría jurídica que no conoce, pero que enrostra como si lo hiciera), su enriquecimiento sospechosamente veloz y la gestión cuanto menos dudosa de sus «empresas», su ausencia de un programa de gobierno (lo que ha presentado a dos días de las elecciones es un documento con trece propuestas de apenas tres páginas), su desidia por el país que busca gobernar, su falsa fe, sus posturas de atrevida ignorancia sobre el fracking, su negacionismo en torno al genocidio en Gaza y sus propuestas absurdas como retirar a Colombia de la ONU o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o aquella tan irrisoria como la de «reducir el Estado en un 40%», algo que no solo es jurídica, política y económicamente imposible, sino que perjudicaría en enorme medida a sus propios electores.
Su mayor peligro, con todo, es su narcisismo patológico, ese que idolatra en otros y cultiva en sí, y que resuena en la forma del padre freudiano que escoge por encima de todo la punición, la guerra, la violencia, la pax romana: todo aquello que ya hemos intentado, todo lo que no nos ha dejado más que heridas que no pueden coagular.
Votar por Cepeda no exige olvidar las decepciones de los últimos cuatro años, creer que no habrá desilusiones en los próximos cuatro o renunciar a la crítica sobre lo que puede o no hacer bien la izquierda. Exige, simplemente, reconocer que lo que está en juego no son dos modelos distintos de país en un marco de diferencia y de contradicción democrática, sino el desmantelamiento de una paz mínima, de una dignidad mínima, de un mínimo de derechos, de un Estado que no signifique terror ni brutalidad. Significa preferir las promesas del futuro a los espectros del pasado. Significa escoger y construir un Estado donde la vida rime con la vida, un Estado donde se pueda creer en la vida, en la equidad y en la dignidad.
